Mercedes García de Vinuesa, Directora Fundación Somos Naturaleza. | 17/04/2023
Hace tres años, cinco organizaciones demandaron al Gobierno de España por inacción ante el cambio climático. La votación y fallo, que tendrá lugar el próximo 27 de junio en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, será decisiva en la lucha contra el cambio climático. De fallar a favor, la justicia podría obligar al Gobierno a modificar el objetivo de reducción de emisiones para 2030: del actual 23% contemplado en el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes sobre la base de los informes del IPCC.
Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo confían que la justicia siga la senda de otros tribunales europeos (Holanda, Francia y Alemania), y obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades climáticas y proteger a la ciudadanía frente a los efectos de la crisis climática.
Para ello, la sentencia debe exigir al Gobierno que apruebe una reducción de emisiones mucho más ambiciosa, como exigen los informes científicos
“Este ‘juicio por el clima’ lucha por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna. La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia”, ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes.
La actual situación de emergencia climática que está golpeando a buena parte de la Península Ibérica con una sequía galopante, temperaturas anormalmente elevadas e incendios cada vez más intensos, evidencia la necesidad de actuar con urgencia y ambición. Además, el cambio climático no tiene fronteras: la temperatura media de los océanos ha batido su récord desde que hay registros oficiales, en todo el mundo se respiran cantidades nocivas de contaminación y la deforestación del Amazonas, pulmón del planeta, ha alcanzado niveles nunca vistos.
Las organizaciones denuncian que España continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera. El objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones, en lugar del 23% previsto en el PNIEC. Solo esa drástica reducción puede contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5º y evitar así los peores efectos del cambio climático, tal y como advierte la comunidad científica.
Jaime Doreste, también abogado del proceso, ha señalado que “cuando ni las advertencias científicas, ni el activismo ecologista, ni la participación en procedimientos reglados se plasman en unos objetivos climáticos suficientes, es el momento de acudir a los tribunales para que obliguen al Gobierno a cumplir sus compromisos. Por eso hemos llegado hasta aquí y esperamos que la justicia falle en favor del derecho al medio ambiente y a la vida”.
Tres años de proceso
El procedimiento judicial se inició con una demanda ante el Tribunal Supremo contra la inactividad de la Administración, que incumplió la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, de aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP).
Tras la aprobación del PNIEC por el Gobierno en marzo de 2021, las tres organizaciones junto con Fridays For Future y La Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, plantearon en junio de ese mismo año un nuevo recurso contra el contenido de dicho plan, denunciando la falta de ambición y el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones adquiridos con la firma del Acuerdo de París.
La votación y fallo tendrá lugar el próximo 27 de junio, fecha en la que concluye el plazo en el que el Gobierno tiene que presentar ante la Comisión Europea la revisión del PNIEC. Es en ese plan donde se debería plasmar la revisión de los objetivos climáticos de España, por lo que, de no hacerlo, el Ejecutivo se podría encontrar con que su plan nace muerto, en caso de que la sentencia del “juicio por el clima” resulte favorable a las organizaciones demandantes.
